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Cómo amarrar el tigre de la confesionalidad. Reflexiones postelectorales sobre la laicidad

25 Jul, 2018 Etiquetas: , ,

El proceso electoral de este 2018 puso diversos temas a debate. Uno sobre los cuales es relevante reflexionar, más allá de la coyuntura, es la laicidad, apunta Saúl Espino, en este texto en el que busca enmarcar esta discusión en torno a los derechos humanos y la pluralidad social. Sobre todo porque, la politización de los evangélicos conservadores, así como la de sus pares católicos, no hará sino reforzarse y crecer en los años sucesivos [pase lo que pase con el PES].

TEXTO: SAÚL ESPINO ARMENDÁRIZ

A mediados del mes de mayo de este 2018, un extravagante spot resaltó en medio del bullicio de las campañas electorales. En una estética que pretendía emular los mensajes de Anonymous, una botarga de un tigre de bengala en traje y corbata enumeraba en un tono amenazante las traiciones de los «políticos corruptos». «El tigre no tiene miedo, señores, y ya despertamos», sentenciaba la botarga, mientras detrás se proyectaba una imagen generosamente photoshopeada de Andrés Manuel López Obrador, el mismo que había usado la metáfora del tigre para advertir en contra de un posible fraude electoral.

El spot era del Partido Encuentro Social [PES], un instituto fundado en 2006 a nivel local por una red de cristianos evangélicos que hasta en el acrónimo evocaba su proyecto confesional [v. gr. ixtus]. Se trata de la irrupción en el escenario político mexicano de los partidos conservadores evangélicos, un fenómeno que lleva décadas consolidándose en Latinoamérica. Estos partidos rechazan retóricamente la geometría política de izquierda y derecha y asumen como agenda fundamental[ista] la defensa de la «familia tradicional» y la «vida». En el caso del PES, liderado por Víctor Hugo Flores, exfuncionario de la administración calderonista, se han aliado lo mismo con el Partido Revolucionario Institucional [2017], que con el Movimiento de Regeneración Nacional [Morena], cuya coalición ganó la presidencia en las recientes elecciones federales. A tono con el discurso juarista de Andrés Manuel López Obrador, el PES reivindica una tradición «liberal» en tanto minoría religiosa, si bien existe un consenso entre analistas y estudiosos del fenómeno religioso en que se trata de la amenaza más grande hoy para el Estado laico.

Lo cierto es que el tigre de la confesionalidad tiene años suelto. Sería injusto e impreciso decir que López Obrador es el responsable, aunque mucho ayudó con todos los espacios que les cedió para consolidar su muy pragmática coalición. La erosión del Estado laico antedata a la politización de los evangélicos, pues los sectores más conservadores del catolicismo, apoyados a veces explícitamente por la jerarquía eclesiástica, llevan décadas articulando un movimiento en contra de la llamada ideología de género. Bastaría tan sólo con recordar a otra organización: el Frente Nacional por la Familia.

Hoy el tigre de la confesionalidad está suelto porque lleva décadas mal amarrado. Es necesario fortalecer la laicidad del Estado y, aún más, reflexionar colectivamente sobre qué tipo de laicidad queremos defender. Sostengo que el concepto de laicidad que hemos usado hasta hoy se encuentra en algunos sentidos rebasado, pues ha permitido que incluso los actores confesionales aprovechen los intersticios legales y discursivos para avanzar su agenda [1]. Con esto no quiero apellidar a la laicidad con el objeto de debilitarla, tal y como pretenden algunos [2]. Mi intención es enmarcar la discusión sobre la laicidad en los derechos humanos y la pluralidad social. Regresando a la metáfora del tigre, quiero encontrar una soga contemporánea que amarre bien a la confesionalidad y a quienes la añoran.

El criterio para discernir la permisibilidad de lo religioso no puede seguir basada en el binario público-privado, rebasado en las sociedades posmodernas.

La crisis de la laicidad vigente no se debe exclusivamente a fallos en la aplicación del marco jurídico. No se trata sólo de la impunidad que permite que candidatos de todo signo político usen imágenes religiosas en campaña [como hizo Fernández Noroña en abril de este año], o que ministros de culto intervengan directamente en el proceso electoral. Todo esto sucede hoy y, en teoría, no debería suceder con las leyes que tenemos.

Los problemas de la laicidad clásica, pues, no son sólo de aplicación de leyes, sino que están en sus propias premisas teóricas. La crisis del laicismo se debe a una crisis aún mayor: la del liberalismo. Algunos sostienen que se trata del ocaso de un paradigma que ha estado vigente en Occidente por décadas, incluso siglos. Otros más advierten de la necesidad de reflexionar sobre por qué las mayorías del mundo desconfían ahora de las supuestas bondades del libre mercado o del sistema de partidos tradicional y la división de poderes. Si las tensiones de las dimensiones económicas y políticas del liberalismo son evidentes, otro tanto se puede decir respecto de su correlato religioso, el laicismo.

La laicidad clásica puede ser comprendida como la distribución política de lo religioso en el paradigma liberal. El laicismo, pues, sería la doctrina normativa que sostiene que el espacio público debe ser depurado de la presencia de prácticas, creencias y valores religiosos, propios de la intimidad y la esfera privada de los individuos. En este modelo, el Estado debe ser el árbitro neutro que regule a las asociaciones religiosas con el fin de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de conciencia, pensamiento y religiosa.

El binomio público/privado es la premisa de la laicidad. Se parte de la idea de que las prácticas, creencias y valores religiosos pueden efectivamente separarse de la actuación pública de los individuos. La configuración de lo religioso como una esfera apartada del resto de la vida social, como un campo cuya materia es la ‘espiritualidad’, es uno de los mitos constitutivos de la modernidad occidental. Las limitaciones teóricas y prácticas de este modelo no son difíciles de comprender. ¿Es posible que exista una religión despolitizada, es decir, cuyo corpus doctrinario no afecte o incida en el espacio público? En el sentido inverso, ¿es factible un espacio asépticamente laico, saneado de creencias y valores doctrinarios?

El binario público-privado fue desmontado ya en las teorías críticas feministas. Desde la década de los setenta, e incluso poco antes, las feministas hicieron notar que esa distribución de espacios del liberalismo estaba marcada por el género. Según los atributos tradicionales asignados a hombres y mujeres en las sociedades occidentales modernas, el espacio público, lugar del debate político y de las actividades económicas, pertenecía a los varones en tanto proveedores del hogar. Las mujeres, sobre quienes, según este modelo, recae el peso de la reproducción, pertenecen al ámbito privado del hogar. Conforme las mujeres fueron incorporándose cada vez más a la actividad económica fuera del hogar después de la posguerra, el binario comenzó a fisurarse. El movimiento feminista de los setenta, además, vinculó las opresiones individuales con las societales, mostrando la porosidad de ambas esferas. La famosa consigna de lo personal es político muestra la necesidad de replantearse la distribución sexogenérica del binario público-privado.

Otro tanto debería suceder hoy con la cuestión religiosa, sobre todo si ponemos en el centro los derechos de las mujeres y de la población de la diversidad sexogenérica. Si seguimos partiendo de que las prácticas, creencias y valores religiosos pueden ser restringidos a un fantasioso espacio íntimo que no afecta la vida política de los sujetos, la laicidad no será más que una utopía. En sentido inverso, es innegable que las transformaciones sociales, económicas y políticas han afectado profundamente la forma cómo las personas articulan sus creencias y su fe, incluso propiciando reacomodos dentro de las instituciones religiosas. Las fronteras entre lo público y lo privado son también escurridizas en términos religiosos.

En mi opinión, el criterio para discernir la permisibilidad de lo religioso no puede seguir basada en el binario público-privado, rebasado en las sociedades posmodernas. Propongo que, en lugar de eso, partamos de la pluralidad social existente. Esto implica, en primer lugar, reconocer que todos los actores religiosos son, al menos en principio, agentes políticos legítimos. Evidentemente, esto es una situación incómoda para quienes nos sentimos alarmados, por ejemplo, con el nuevo poder del PES. Aunque muchas iglesias tienen candados internos —otra vez, en teoría— para la participación política directa de sus ministros, como es el caso de la Iglesia católica [cfr. Derecho canónico, § 285.3], al reconocer la legítima agencia política de los sujetos religiosos reconoceríamos lo que acontece de facto.

Sustituir el binario público-privado por la pluralidad social significa también reconocer que se trata de un proceso irreversible. En este caso, se parte de que los derechos humanos conquistados son innegociables junto con sus principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Implica también admitir que las instituciones religiosas y sus integrantes son tan diversos como la sociedad en que están inmersos, y que, por lo tanto, están atravesados por las mismas tensiones ideológicas que el resto. Es necesario visibilizar el disenso al interior de las instituciones religiosas en temas tan álgidos como el derecho a decidir de las mujeres o como la diversidad sexogenérica. La disidencia religiosa que está comprometida con los derechos humanos de todas y todos no sólo no debe ser prohibida en el espacio público, sino que debe ser reconocida como interlocutora religiosa por el Estado y los otros grupos sociales con el fin de cimentar una democracia más incluyente y plural.

Lo cierto es que la politización de los evangélicos conservadores, así como la de sus pares católicos, no hará sino reforzarse y crecer en los años sucesivos.

Mucho se ha dicho y escrito sobre estas cuestiones desde la sociología y antropología de la religión, así como desde la teología. No pretendía aquí desahogar la complejidad del tema, sino sólo detonar una discusión colectiva sobre la laicidad, los factores que la amenazan, sus elementos caducos y sus potencialidades en nuestro contexto. Mi intención no es que se abran irresponsable y desordenadamente los diques jurídicos entre lo público y lo privado, sino contar con categorías más finas para nuestros análisis y para nuestros discursos militantes. Por otra parte, estoy convencido de que nunca es sabio tirar al niño con todo y el agua sucia de la bañera. A pesar de las muchas disfuncionalidades del paradigma liberal, los derechos humanos de los individuos y el Estado laico son dos aspectos fundamentales del liberalismo que es necesario reivindicar críticamente, analizando sus fallas con el fin de actualizarlos para nuestro contexto.

Más allá de lo que acontezca con el Partido Encuentro Social ahora que su superviviencia está en manos de los tribunales, lo cierto es que la politización de los evangélicos conservadores, así como la de sus pares católicos, no hará sino reforzarse y crecer en los años sucesivos. Las redes nacionales e internacionales que han tejido a lo largo de décadas trascienden, por mucho, al resultado de una elección federal y el registro legal de un partido político. Al contrario, es muy posible que católicos y evangélicos conservadores forjen nuevas alianzas para desmontar la llamada ideología de género. Tal y como ha sucedido siempre, las víctimas sacrificiales del altar del ecumenismo conservador son las mujeres y las personas de la diversidad sexogenérica.

Si creíamos que podíamos conjurar al demonio de lo religioso arrinconándolo al ámbito privado, nos encontramos con que reapareció en la figura de una grotesca botarga de tigre en pleno año electoral. Que ese tigre no nos vuelva a tomar desprevenidos.

 

[1]  Por ejemplo, la demanda por parte del «Colectivo por la vida» a la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres por considerar que vulneró el Estado laico al compartir en redes sociales un videoclip de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Cfr. Yuriana Cárdenas, «Piden firmas para que destituyan a Emma Saldaña», Omnia, Chihuahua, http://www.omnia.com.mx/noticia/57265, consultado el 15 de julio de 2018.

[2]  Me refiero a ciertos discursos de la laicidad positiva que promueven las raíces cristianas del mundo occidental con una agenda confesionalizante apenas velada. Cfr. Jean Baubérot y Micheline Milot, Parlons laïcité en 30 questions, París, La documentation Française, 2017, p. 12.

Imagen de portada: The Ashmolean by Oxford [St Giles], Oxfordshire. Flickr-[CC BY-NC-ND 2.0]


Saúl Espino Armendáriz
Saúl Espino Armendáriz
Licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Maestro en Historia por El Colegio de México y Candidato a Doctor en Historia en esa misma institución. Entre los reconocimientos que ha recibido, destacan la Medalla Gabino Barreda de la UNAM y becas de organizaciones como The Tokyo Foundation for Policy Research y universidades como Harvard, Loyola Chicago y Duke. Cuenta con Diplomados en Teología de la Universidad Pontificia de México y de la Universidad Iberoamericana. Ha sido asistente de investigación en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana y en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Se ha desempeñado también como profesor de asignatura en la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana. Su más reciente publicación es el libro Estado laico en un país religioso, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en coautoría con Paulina Barrera y Pedro Salazar. Su principal línea de investigación es la historia de género del catolicismo.



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