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Gobernadores al banquillo

12 Sep, 2016 Etiquetas: , ,

Roberto Borge, César y Javier Duarte, gobernadores priistas salientes, han visto frenadas sus maniobras para tratar de blindarse ante las acusaciones en su contra, esto es positivo, pero aún es muy pronto para festejar y pensar que México empieza a dar pasos hacia el combate a la impunidad.

TEXTO: MAURICIO TORRES

A poco más de dos años de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, el panorama general del país es bastante desalentador. Sin embargo, aun dentro de este escenario ocurren algunos acontecimientos que podemos considerar positivos.

En este caso me refiero al hecho de que tres gobernadores salientes —los priistas Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte, de Chihuahua, y Javier Duarte, de Veracruz— han visto frenadas sus maniobras para tratar de blindarse de cuestionamientos y acusaciones en su contra.

A lo largo de los últimos meses se ha difundido que, mientras eran objeto de señalamientos por presuntas irregularidades en sus gestiones, estos funcionarios promovieron reformas a las leyes anticorrupción de sus respectivos estados.

Con tales modificaciones, buscaban poder nombrar fiscales que les fueran afines y que los protegieran de posibles investigaciones por corrupción. Dicho en términos simples, intentaban cuidarse las espaldas.

Pero frente a la presión social y al impacto que tuvieron reportajes elaborados por algunos medios de comunicación —en particular Animal Político y Grupo Expansión—, el propio gobierno de Peña Nieto decidió impugnar dichas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], donde el tema ya empezó a resolverse.

Hace apenas unos días, el pleno del máximo tribunal del país declaró inconstitucionales las reformas de los gobiernos de César y Javier Duarte, y se prevé que falle en el mismo sentido con las que fueron impulsadas por Roberto Borge.

Con esto, los tres gobernadores mencionados se quedarán sin la protección legal que buscaban conseguir, algo que me parece importante al menos por tres razones.

La primera de ellas es que estas resoluciones representan un paso para que estos todavía funcionarios sean indagados y castigados si se comprueba que cometieron alguna irregularidad. En segundo lugar —y hasta donde recuerdo—, es inédito que las instituciones actúen de forma simultánea contra tantos ejecutivos locales.

Por último, no debe obviarse lo significativo de que estos tres gobernadores militen en el mismo partido del presidente, quien, me parece, se vio obligado a proceder en contra de sus correligionarios para tratar de lavar la cara de su propia administración y del priismo [más aún cuando su popularidad está en niveles bajísimos y ya se vislumbran las elecciones estatales de 2017, las cuales empezarán a configurar el ambiente para las federales de 2018].

Ahora, si bien creo que es positivo que los mandatarios señalados no puedan blindarse de investigaciones así como así, todavía falta que en efecto sean indagados y, si se comprueba su responsabilidad en actos de corrupción, que se les castigue.

Resulta sencillo enumerar los casos de gobernadores cuestionados o incluso señalados de delitos concretos contra quienes las autoridades mexicanas no procedieron. Algunos ejemplos son Humberto Moreira, de Coahuila, acusado de contratar deuda pública de manera ilegal, o Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, a quienes se vincula con cárteles del narcotráfico.

Si bien creo que es positivo que los mandatarios señalados no puedan blindarse de investigaciones así como así, todavía falta que en efecto sean indagados.

A la luz de estos antecedentes, aún es muy pronto para festejar y pensar que México empieza a dar pasos hacia el combate a la impunidad, así como a dar el mensaje de que quien intente lucrar con los cargos públicos no se quedará sin enfrentar consecuencias.

Carezco de pruebas para saber si los tres gobernadores en el banquillo son culpables de todo lo que se les achaca. Sin embargo, como periodista, como elector y como ciudadano, de momento me alegra saber que se les están cerrando las alternativas para evitar ser investigados.

Dicho esto, más me alegrará ver que esas investigaciones en realidad se lleven a cabo, que las encabecen autoridades independientes, capaces y minuciosas, que los resultados de dichas indagatorias sean transparentes y verídicos, y que tengan un impacto para quienes hayan actuado sin ética.

Estoy convencido de que esto es algo de lo mucho que necesitamos para poder sostener que en México ya es posible encarar la corrupción.

 

Imagen de portada: Dibujamos en el juicio by Colectivo Juana Azurduy. Flickr-[CC BY-SA 2.0]


Mauricio Torres
Mauricio Torres
Soy periodista y medio workaholic. Nací en la capital en 1984. Estudié en la UNAM. Empecé mi carrera en diciembre de 2006. He colaborado con las revistas Terra Magazine Latinoamérica y Día Siete, y trabajado de base para El Universal, el periódico capitalino Máspormás y Grupo Expansión, donde me encuentro actualmente. Los temas en los que tengo más experiencia son Poder Legislativo, partidos políticos y órganos electorales, y trato de aprender más sobre transparencia, derechos humanos y ciudad. Mi cuenta de Twitter @mau_torres




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